El pasado sábado 22 de mayo ha entrado en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
Objetivos:
Para 2023:
- Reducción del 23% de los gases de efectos invernadero.
- Penetración de la energías renovable en el consumo de energía del 42%.
- Generación del 74% de electricidad mediante energías renovables.
- Disminución del consumo de energía primaria del 39,5 %.
Además, se propone alcanzar en el año 2050 la neutralidad climática y un sistema eléctrico procedente exclusivamente de fuentes de origen renovable. De esta manera, se pretende facilitar la descarbonización de la economía y su transición a un modelo circular, que garantice el uso racional y solidario de los recursos, promover su adaptación a los impactos del cambio climático e implantar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente.
Herramientas:
La Ley establece dos instrumentos básicos para alcanzar estos objetivos:
- Planes Nacionales Integrales de Energía y Clima (PNIEC).
- Estrategia de Descarbonización a 2050.
Ámbitos principales:
La Ley señala el papel que las energías renovables y el principio de eficiencia energética tienen que desarrollar en tres ámbitos principales:
- Generación de energía eléctrica renovable: Promoción de centrales hidroeléctricas reversibles, instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones.
- Combustibles: Fin del uso de hidrocarburos y productos energéticos de origen fósil, y fomento de la penetración en la red de gas natural de los gases renovables, como biogás, biometano o hidrógeno.
- Movilidad y transporte público:
- Promoción de la movilidad sin emisiones.
- Estímulo de la penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2.
- Adopción de planes de movilidad urbana sostenible por los municipios de más de 50.000 habitantes.
- Instalación de puntos de recarga eléctrica, en gasolineras y comunidades de vecinos.
- Adopción de medidas para minimizar las emisiones de los buques e implantación de cadenas logísticas sostenibles en los puertos
Medidas de adaptación al cambio climático:
Entre las más destacables:
- Planificación de la gestión del agua y del dominio público marítimo y terrestre.
- Gestión territorial y urbanística en seguridad, dieta alimentaria y salud pública.
- Protección de la biodiversidad.
- Fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.
Se fija el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) como instrumento básico de planificación de tales medidas.
Si importante resulta la fijación de unos objetivos concretos y de unas medidas de adaptación al cambio climático, de extraordinaria importancia es que esta transición sea justa. Con este fin la Ley prevé, por una parte, la Estrategia de Transición Justa como instrumento estatal dirigido a optimizar tanto las oportunidades, como el empleo, la identificación y la adopción de aquellas medidas que durante la transición garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios, y por otra, como instrumento para llevar a cabo tales actuaciones, los Convenios de Transición Justa.
Aspectos clave:
La Ley señala como aspectos clave en el éxito de su implantación:
- Educación e innovación: Será fundamental el compromiso del sistema educativo en promover la implicación de la sociedad española en la respuesta frente al cambio climático, que refuerce el conocimiento, la capacitación para la actividad técnica y profesional baja en carbono y la adquisición de una responsabilidad personal y social.
- Implicación de las Comunidades Autónomas.
- Participación ciudadana.
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