La nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que venía anunciándose desde el año anterior, entró en vigor el pasado 10 de abril.

Esta nueva legislación ambiental trae novedades que buscan acercarnos a los objetivos europeos, poniendo especial hincapié en la transición hacia una economía sostenible.

Se define en torno a las directivas del paquete de economía circular del año 2018.

La nueva legislación nacional se adapta a las exigencias en materia ambiental que actualmente nos debemos imponer como sociedad.

Con la entrada en vigor de la Ley de residuos 7/2022, la anterior Ley 22/2011 queda derogada.

Principales cambios:

• El principio de proximidad se ve reforzado dentro del régimen de responsabilidad ampliada del productor. En el proceso de elección de un gestor autorizado, los productores de residuos “respetarán los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, así como los principios de protección de la salud humana, del medio ambiente y de la jerarquía de residuos, y en su caso, el de autosuficiencia y proximidad”.
• Dirigidas principalmente a los productores del sector secundario, las nuevas medidas de prevención contra la generación de residuos prohíben el depósito en vertedero del excedente no vendido. El objetivo marcado por la ley planea reducir en un 15% en peso los residuos generados en el 2030 con respecto al 2010. Estas medidas pueden acarrear responsabilidades organizativas y financieras.
• Esta ley busca atajar el problema de los plásticos de un solo uso con objetivos severos para reducir la distribución de los mismos. Se establece una meta en la reducción de su comercialización de un 70% en peso en el 2030 respecto al 2022. Además, se premia la búsqueda de alternativas a este tipo de plásticos.
• Un cambio fundamental lo conforman los nuevos impuestos para incentivar la economía circular. En primer lugar, un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que fija una cuota de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado introducido en el producto. El segundo impuesto se impone sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. Es necesario puntualizar que estas medidas de fiscalía verde entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2023.
• Se define un nuevo inventario estatal de suelos contaminados y otro de descontaminaciones voluntarias.

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