El pasado 16 de febrero, el Congreso de los Diputados aprobaba de manera definitiva la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley para la igualdad trans y LGTBI. De esta manera, España se convierte en el décimo país europeo (después de Dinamarca, Portugal, Irlanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Noruega, Islandia y Malta) en el que se permite la libre autodeterminación de género. Esto es, la posibilidad de cambiar de sexo a partir de una determinada edad, simplemente manifestando de manera libre la voluntad de hacerlo.
Es mucha la polémica que se ha suscitado en nuestro país la entrada en vigor de esta ley. Un sector importante de la opinión pública considera que esta ley, lejos de garantizar la protección real del colectivo LGTBI, puede suponer una vía abierta para concurrir a los porcentajes de plazas públicas reservados a mujeres o para que hombres con causas pendientes por violencia de género se aprovechen de las facilidades que te otorga la ley y hagan efectivo el cambio de género.
Con independencia de las distintas opiniones existentes respecto a la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI, queremos resumir a continuación los principales puntos de la ley para que sepas en qué consiste exactamente y como funciona:
- El punto principal de la ley es la eliminación de la hominización obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos para aquellas personas que soliciten el cambio de sexo en el Registro Civil, que ahora podrá autorizarse sólo con la voluntad libremente expresada de la persona solicitante si tiene más de 16 años.
- Las personas menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial.
- Los hombres y las mujeres menores de 12 años no podrán cambiar su sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI.
- Se prohíben de las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales.
- Creación de un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas LGTBIQ+, con sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves.
Este nuevo paradigma normativo ha hecho que las empresas pongan un foco especial en este aspecto. La diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo deben ser una prioridad para todas las empresas. La buena gestión de la diversidad solo mejora la experiencia de las personas que trabajan en la empresa , sino que también mejora la productividad.
En este sentido, esta ley obliga a las empresas de más de 50 personas, a contar en el plazo máximo de 12 meses, con un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras.
El consejo de participación del las personas LGTBI difundirá una serie de buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión del colectivo.
Desde Erre Ese queremos destacar los aspectos más importantes de esta nueva normativa para que tanto las empresas, como cualquier particular, tenga información veraz sobre su funcionamiento y las obligaciones derivadas de la normativa.
