El Real Decreto Ley 18/2017, sobre información no financiera, que traspone la Directiva 2014/95/UE, obliga a realizar un reporte no financiero, que incluya información sobre el desempeño ambiental y social de organizaciones consideradas como entidades de interés público, que cuenten con más de 500 empleados durante el ejercicio y que se consideren grandes empresas, de acuerdo con lo establecido por la Directiva 2013/34, en su artículo 3, apartado 7.
De acuerdo con la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, son entidades de interés público:
- Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.
- Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones.
- Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos.
- Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
- Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media supere 2.000.000.000 de euros y 4.000 empleados, respectivamente, durante dos ejercicios consecutivos.
- Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores.
No obstante, una empresa dependiente estará exenta de la obligación si ella y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de un grupo que cumpla las condiciones anteriores.
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