A finales de 2014 entró en vigor la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas. El pasado 1 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el primer borrador del Anteproyecto de Ley para la transposición de esta Directiva europea. A continuación, el texto ha sido enviado al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como Proyecto de Ley y posterior tramitación parlamentaria.
El principal objetivo de esta normativa es aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales, divulgando contenido social y medioambiental. El objetivo último es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
En relación con cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que aportar información detallada sobre el impacto ambiental, actual y futuro de las actividades de la empresa en el medio ambiente, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.
Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información debe hacer referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo, las medidas de diálogo y protección de las comunidades locales, el respeto a los derechos humanos o la lucha contra la corrupción.
Esta información deberá incluirse bien en el informe de gestión que se presenta con las cuentas anuales, bien en un informe separado que cumpla los requisitos exigidos. En todo caso, la organización debe hacer mención al marco de referencia utilizado para el reporte no financiero. Entre los marcos recomendados se incluyen normas, principios, directrices y estándares como el Reglamento europeo EMAS, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, ISO 26000 o Global Reporting Initiative (GRI).
Este cambio normativo afecta a empresas con consideración de entidad de interés público, con un número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 500, y también a las que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, al menos, dos de las tres circunstancias siguientes:
- El total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros.
- El importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros.
- El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
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